Esta mentalidad empezó a cambiar cuando la Segunda Guerra Mundial dio un giro a favor de los Aliados, a fines de 1942 y principios de 1943. La participación de republicanos españoles en la resistencia, la caída del fascismo en Italia y la liberación de París nutrieron la esperanza entre los exiliados. No era una esperanza infundada: desde el inicio de la Guerra Civil, la mayoría de los países se había pronunciado —al menos formalmente— a favor del Gobierno legítimo de la República, y el aislamiento internacional del régimen franquista se mantuvo durante el conflicto español y se intensificó en los últimos años de la contienda mundial.

La posibilidad de reorganizar las instituciones republicanas volvió a cobrar fuerza en noviembre de 1943 con la constitución de la Junta Española de Liberación. Aunque su base y liderazgo estuvieron en México, mantenía vínculos con sectores republicanos en América Latina, incluido un grupo de intelectuales en La Habana. A comienzos de 1945, la Junta solicitó a Martínez Barrio —entonces presidente de las Cortes— convocar una sesión parlamentaria. Como respuesta, el 10 de enero se celebró una primera reunión en el Club Francés de la Ciudad de México. Aunque extraoficial, fue un antecedente importante.

La coyuntura esperada llegaría finalmente con la derrota de las potencias del Eje y el consiguiente reordenamiento internacional. Celebrada entre abril y junio de 1945, la Conferencia de San Francisco sentó las bases para un nuevo orden mundial basado en la cooperación entre Estados, la defensa de los derechos humanos y la libre determinación de los pueblos. La firma de la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio, ofreció a la Segunda República en el exilio un marco normativo y simbólico que fortalecía sus aspiraciones de legitimidad y continuidad institucional.

De acuerdo con la Constitución de la República de 1931, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del presidente de la República, sus funciones serían asumidas interinamente por el presidente de las Cortes. Así lo había hecho Martínez Barrio entre marzo y mayo de 1936, tras la salida de Alcalá-Zamora, para luego transferir el cargo a Manuel Azaña en mayo. En consultas sostenidas con diversas agrupaciones y partidos políticos de la República, se concluyó que lo más conveniente era convocar una sesión solemne que restableciera el funcionamiento normal de las Cortes en el exilio, lo que a su vez permitiría, conforme al texto constitucional, que su presidente asumiera interinamente la jefatura del Gobierno de la República.

El 8 de agosto de 1945, los sectores republicanos en el exilio pidieron a Martínez Barrio que convocara una nueva sesión de las Cortes con el fin de restaurar oficialmente las instituciones. En respuesta, el 15 de agosto Martínez Barrio solicitó al Gobierno de México el permiso para que las Cortes pudieran sesionar oficialmente en territorio mexicano. Ese mismo día, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió la autorización formal, otorgando el reconocimiento diplomático y la extraterritorialidad. Aunque países como Holanda y Canadá acogieron Gobiernos en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, ninguno concedió extraterritorialidad para sesiones legislativas. La autorización mexicana fue, por ende, un hecho sin precedentes y un gesto diplomático de especial relevancia. Se iniciaron los preparativos y, una vez elegido el recinto, se fijó la sesión para las 16:00 horas del 17 de agosto. De acuerdo con el programa, la ceremonia tendría una duración aproximada de media hora.

A pesar de sus diferencias políticas, los grupos exiliados veían el acto como una ocasión de unión y una oportunidad para la rehabilitación de la democracia en España. El Gobierno de Madrid guardó el más absoluto silencio, y la censura interna funcionó de forma estricta. En México, los sectores más conservadores se oponían abiertamente. Se argumentaba en la prensa que, desde la venta de la Mesilla a Estados Unidos en la época de Santa Anna, nunca se había perdido ni un palmo de territorio nacional y que ahora, así fuera de manera simbólica, se cedía una porción sólo para satisfacer los caprichos de los refugiados. La comunidad internacional entendía el acto como una posible solución pacífica a la cuestión del fin de la dictadura y a la recuperación del Gobierno legítimo.