Sin embargo, con frecuencia se olvida que esta transición no ocurre en el vacío ni se limita al ámbito de las infraestructuras técnicas o las decisiones macroeconómicas. Si bien suele pensarse en términos nacionales o globales, sus implicaciones más tangibles y cotidianas se juegan en las ciudades. Es en ellas donde se consume la mayor parte de la energía, donde se generan enormes volúmenes de emisiones y donde se podría avanzar más rápido hacia modelos energéticos sostenibles. Por ello, cada vez es más evidente que su éxito o fracaso dependerá, en gran medida, de lo que suceda en las ciudades. Pensar la transición energética sin considerar lo urbano – sus dinámicas territoriales, sus formas de gobierno, sus estructuras de exclusión – sería, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, contraproducente. A pesar de ello, el papel de las ciudades en la transición energética sigue siendo marginal en las políticas públicas.

Las ciudades como rémora de la transición energética

La transición energética es el proceso de cambiar la manera en que producimos y usamos la energía. Durante mucho tiempo, hemos dependido principalmente de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, que contaminan el aire y contribuyen al cambio climático. La transición energética busca cambiar esas fuentes contaminantes y reemplazarlas por energías alternativas, como la solar, la eólica, la hidroeléctrica y otras. También implica hacer un uso más eficiente de la energía, por ejemplo, con el uso de electrodomésticos que gasten menos electricidad o con edificios mejor diseñados. Además, la transición requiere el cambio de hábitos, como usar más el transporte público, caminar más, o compartir energía entre comunidades.

La transición energética es importante porque puede ayudar a enfrentar el cambio climático, reducir las enfermedades respiratorias, mejorar la calidad de vida, fortalecer la seguridad energética, y mejorar el acceso a energía barata, segura y sostenible, especialmente en zonas marginadas. Sin embargo, esta transición no es automática ni neutra: está atravesada por decisiones políticas, disputas por el espacio y profundas desigualdades. Además, depende de inversiones públicas, innovación tecnológica y participación social.

Existe un tema crítico: las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales de carbono y consumen más del 60% de la energía mundial. En América Latina, región altamente urbanizada, las ciudades concentran más del 80% de la población y generan aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta centralidad convierte a lo urbano en un terreno crucial para la transformación energética.

En México y otros países latinoamericanos, las ciudades enfrentan desafíos estructurales que dificultan avanzar hacia modelos energéticos más sostenibles: expansión urbana desmedida, sistemas de transporte altamente dependientes del automóvil, redes eléctricas obsoletas, desigualdad en el acceso a servicios y una débil articulación entre los niveles de gobierno. Este patrón, promovido tanto por el mercado inmobiliario como por políticas públicas orientadas a la expansión de vivienda social en la periferia, ha generado espacios de consumo energético intensivo y territorios marcados por profundas desigualdades socioespaciales. Así, la estructura urbana actúa como un determinante energético, amplificando las desigualdades ya existentes.

Transición energética como proyecto urbano

Las ciudades no solo son espacios de consumo energético: son escenarios de posibilidad. En América Latina y México, donde el proceso de urbanización es masivo y aún en expansión, pensar la transición energética desde las ciudades no es solo deseable, sino necesario. La escala urbana ofrece oportunidades concretas para avanzar en políticas públicas orientadas a la transición energética. La electrificación del transporte público (modelos de electromovilidad), la promoción de vivienda con criterios de eficiencia energética, la generación distribuida de energía renovable, el mejoramiento de los sistemas de alumbrado urbano y el desarrollo de infraestructura verde son algunas de las iniciativas que pueden implementarse desde los gobiernos locales.

No obstante, estas políticas requieren no solo de voluntad política, sino también de capacidades institucionales, financiamiento adecuado y marcos regulatorios coherentes entre niveles de gobierno. La fragmentación de competencias y la escasa articulación entre la planificación urbana y la política energética son todavía grandes obstáculos.

Más allá de los aspectos técnicos, políticos y normativos, la transición energética debe ser pensada como un proyecto urbano en disputa. Esto implica reconocer que no hay una única vía hacia la sostenibilidad, y que los modelos energéticos futuros están mediados por intereses económicos, capacidades estatales, necesidades sociales y visiones en pugna sobre lo que debe ser una “ciudad justa”.

En este marco, la participación ciudadana, la transparencia en la toma de decisiones y el reconocimiento de los conocimiento locales son elementos necesarios para construir procesos de transición incluyentes y legítimos. De lo contrario, se corre el riesgo de reproducir dinámicas de exclusión bajo un nuevo ropaje “verde”.

Justicia espacial y energética

Bajo el actual escenario, una transición energética urbana no puede limitarse a un cambio de tecnologías  – sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables – sin modificar las condiciones estructurales que producen exclusión y vulnerabilidad energética.  Es decir, no puede haber una verdadera transición energética sin justicia urbana. Las poblaciones más pobres suelen vivir en zonas con menor calidad ambiental, menor acceso a transporte eficiente y condiciones habitacionales precarias que elevan su consumo energético relativo. En este sentido, es necesario incorporar un enfoque de justicia energética, que reconozca la distribución desigual del acceso, los costos y los beneficios de la energía en el territorio urbano. Si la transición no incorpora un enfoque de equidad, puede terminar reproduciendo  – o incluso profundizando – las brechas sociales existentes.

Por otro lado, la transición energética abre nuevas posibilidades para democratizar la producción y uso de la energía. Tecnologías como los paneles solares distribuidos o las microrredes energéticas podrían beneficiar a colonias urbanas, reducir su dependencia de grandes centrales y disminuir costos. Para ello se requiere un marco normativo adecuado, financiamiento accesible y políticas públicas que eviten que esta transformación beneficie solo a quienes ya tienen recursos.

Conclusión

En el contexto latinoamericano, donde las ciudades enfrentan simultáneamente problemas de pobreza, informalidad, violencia y crisis climática, la transición energética no puede plantearse como una meta técnica o económica aislada. Debe inscribirse en una agenda más amplia de transformación urbana que ponga en el centro la equidad, la habitabilidad y el derecho a la ciudad. Este desafío requiere gobiernos locales fuertes, gestión urbana integral y participación ciudadana activa.

Algunas ciudades han comenzado a explorar alternativas. Monterrey y la Zona Metropolitana del Valle de México, por ejemplo, han impulsado proyectos de electromovilidad, aunque en ciertos casos de forma incipiente o con fuerte dependencia de iniciativas privadas. En América Latina, ciudades como Bogotá y Santiago han apostado por flotas de autobuses eléctricos, mientras que Curitiba y Medellín han integrado la eficiencia energética en políticas de vivienda y movilidad. Estas experiencias muestran que, aunque la escala local puede ser una limitante, también ofrece ventajas: cercanía con la ciudadanía, capacidad de innovación normativa y flexibilidad para adaptar soluciones a distintos contextos.