El concepto, desarrollado por Henri Lefebvre,[1] plantea que los habitantes de un entorno urbano deben tener la capacidad de apropiarse, transformar y participar en la construcción de sus espacios de vida. Todas las personas que viven en una ciudad tienen el derecho de disfrutarla, transformarla y participar en cómo se organiza.

El derecho a la ciudad significa que: las personas no deben ser desplazadas de sus barrios por proyectos de desarrollo o turismo; toda la población debe poder moverse de manera segura y accesible, sin que el espacio urbano esté diseñado solo para quienes tienen automóvil; los espacios públicos deben ser incluyentes y de calidad para todos; existe participación ciudadana en las políticas urbanas.

En pocas palabras, el derecho a la ciudad busca que la urbanización beneficie a todos y no solo a unos pocos, promoviendo ciudades más justas, habitables y democráticas. Sin embargo, en las últimas décadas, el auge de plataformas digitales como Uber, Didí, Rapi y Airbnb ha redefinido las dinámicas urbanas, generando transformaciones y planteando desafíos al derecho a la ciudad.

Experiencias cotidianas en la ciudad de las plataformas

Octavio ha vivido en el mismo departamento en un barrio céntrico durante 15 años. Conoce a los vecinos, los pequeños comercios y las historias del lugar. Sin embargo, en los últimos 5 años ha notado que la mayoría de los departamentos de su edificio ya no tienen residentes fijos: son rentados por Airbnb a turistas que llegan por unos días y se van. En la última semana, unos visitantes organizaron una fiesta hasta la madrugada, y nadie en la administración pudo hacer nada. El impacto no se limita a la convivencia: las rentas en el barrio han subido tanto que varios vecinos han tenido que mudarse a zonas más lejanas. Los cafés y tiendas locales han cerrado y han sido reemplazados por negocios orientados al turismo. Octavio se pregunta hasta cuándo podrá seguir viviendo ahí antes de que su casero decida convertir su departamento en otro Airbnb.

Por su parte, Laura sale de su casa a las 7:00 a.m. para llegar a tiempo a su oficina en el centro de la ciudad. El transporte público en su colonia es lento e impredecible, así que decide pedir un Uber. El conductor, Carlos, la recoge en diez minutos. Mientras avanza el viaje, Carlos le cuenta que maneja desde las cinco de la mañana y que seguirá hasta la noche para juntar suficiente ingreso para sus gastos usuales. Antes trabajaba en un taxi tradicional, pero con Uber siente que tiene más flexibilidad, aunque le preocupa no contar con seguro médico ni prestaciones. Cuando llegan al destino, Laura paga mucho más de lo que gastaría en transporte público, pero justifica el gasto porque gana tiempo y le resulta más cómodo.

En otra ciudad, Mariana y su pareja están planeando un viaje de fin de semana a la capital. Encuentran un Airbnb con excelente ubicación y precio más accesible que un hotel. Otros viajeros con maletas también están entrando y saliendo, y algunos vecinos los miran con desaprobación. Por otro lado, cuando toman Uber para moverse, en un trayecto nocturno, el chofer les menciona que no se siente seguro manejando de madrugada, pero que es cuando hay más ganancias. Mariana y su pareja disfrutan la comodidad de las plataformas, pero se quedan con la sensación de que estos servicios, aunque convenientes, no siempre benefician a todos.

El impacto de las plataformas en la ciudad

Estas experiencias con el uso de plataformas digitales muestran cómo ha cambiado nuestra relación con la ciudad. Nos proporcionan comodidad y un acceso más rápido y menos costoso a ciertos servicios, pero también generan problemas como tráfico, deplazamiento de población local  y precarización del trabajo.

Las plataformas digitales y las nuevas tecnologías están reorganizando la vida urbana produciendo una “ciudad a la carta”. Airbnb ha sido una de las plataformas más controversiales en términos de su impacto en la ciudad. Aunque inicialmente se presentó como una forma de compartir viviendas infrautilizadas, en muchas ciudades ha contribuido a la reducción del parque habitacional disponible para renta tradicional. Esto ha llevado a un incremento en los precios de la vivienda, la expulsión de residentes de bajos ingresos y la turistificación de colonias enteras.

Los centros históricos y zonas de alto valor patrimonial han sido particularmente afectados, ya que inversionistas adquieren múltiples propiedades para destinarlas exclusivamente a alquileres de corto plazo. Esto no solo genera una exclusión residencial, sino que también transforma el entorno social, debilitando redes comunitarias y desplazando actividades tradicionales en favor de servicios orientados al turismo.

En el caso de Uber, la plataforma refleja la transformación del trabajo en las ciudades. Si bien plataformas como Uber han mejorado la movilidad en contextos de transporte público deficiente, también ha impulsado una nueva forma de precarización laboral. Los conductores operan generalmente bajo un esquema de trabajo flexible, pero sin los derechos y protecciones asociadas a empleos formales, como seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral. Aunque Uber permite a muchas personas acceder a oportunidades de empleo, también promueve la desregulación y erosiona los derechos laborales. Además, el aumento en el número de vehículos de transporte privado intensifica el tráfico, la contaminación y la competencia desleal con el transporte público, afectando la planificación urbana.

Hacia ciudades de derechos.

Las plataformas evidencian la dificultad de las administraciones locales para regular  nuevas herramientas digitales que operan en un vacío legal. Las ciudades han reaccionado de diversas maneras, desde prohibiciones totales hasta intentos de regulación con impuestos y licencias, pero muchas de estas iniciativas han sido desafiadas por las propias plataformas, que operan con modelos transnacionales difíciles de fiscalizar.

La falta de regulación efectiva de estas plataformas plantea interrogantes sobre el acceso y derecho a la ciudad. ¿Quién tiene derecho a beneficiarse de los espacios urbanos? ¿Cómo se pueden equilibrar los intereses de inversionistas, trabajadores y usuarios? ¿Qué papel deben jugar los gobiernos locales en la protección del derecho a la ciudad frente a la lógica de mercado impuesta por las plataformas?

Si se pretende garantizar el derecho a la ciudad en este escenario, es imprescindible desarrollar marcos regulatorios adecuados. En el caso de Airbnb, podrían establecerse límites a la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, fomentar rentas asequibles y proteger a los residentes locales. Para las aplicaciones de transporte, se requiere una legislación que garantice derechos laborales a los conductores y que armonice su funcionamiento con los sistemas de movilidad urbana sostenibles.

Más allá de la regulación, es fundamental recuperar el espíritu del derecho a la ciudad como un espacio de participación y apropiación colectiva. Las políticas públicas deben incorporar la voz de los ciudadanos afectados por estos procesos, generando ambientes que prioricen el bienestar de los habitantes sobre la lógica mercantilista de las plataformas digitales. En última instancia, el derecho a la ciudad debe seguir siendo un principio rector en la construcción de nuestros espacios urbanos.

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[1] Lefebvre, H. (1967). ‘Le droit à la ville’, L’Homme et la société, (6), 29–35.