Tradicionalmente considerada como un activo patrimonial, la vivienda tiene una doble naturaleza, pues al mismo tiempo es un derecho social reconocido por Naciones Unidas. La vivienda adecuada presenta una paradoja: a pesar de ser reconocida como un derecho humano fundamental, su acceso se ve obstaculizado por la lógica del mercado inmobiliario. Esta situación se agrava por la precariedad laboral, la falta de vivienda protegida, el aumento del turismo inmobiliario y la especulación, que desplazan la oferta hacia segmentos de mayor poder adquisitivo.

La paradoja de la vivienda inaccesible se refiere específicamente a la situación donde, a pesar de existir un déficit de viviendas, especialmente para personas con ingresos bajos o medios y sectores vulnerables como los jovenes, el desarrollo inmobiliario se concentra en la construcción de viviendas de alto costo o en zonas con precios prohibitivos para la mayoría de la población. Esta paradoja genera una creciente desigualdad y dificulta el acceso a una vivienda adecuada para amplios sectores de la sociedad. En este texto, desarrollo brevemente algunas aristas de esta paradoja de la vivienda inaccesible.

El modelo de vivienda en el siglo XXI

El modelo provisión de vivienda, ampliamente impulsado desde la segunda mitad del siglo XX, se sustenta en la construcción de grandes desarrollos habitacionales en la periferia de las ciudades, motivado por la búsqueda de suelo barato y la posibilidad de construir a gran escala a bajo costo. Esta dinámica de expansión horizontal tuvo el propósito, en su momento, de ampliar la oferta de vivienda formal y atender las necesidades de vivienda de sectores de bajos y medianos ingresos. Sin embargo, rápidamente este esquema desnudó sus límites y contradicciones.

En América Latina, por ejemplo, este modelo generó grandes extensiones de vivienda social localizada en periferias mal conectadas, carentes de equipamiento urbano, servicios públicos básicos y oportunidades de empleo cercanas. El acceso a estas viviendas implicó, en muchos casos, el endeudamiento de familias vulnerables y una profunda dependencia del transporte privado o precario, elevando los costos de vida y el desgaste físico y emocional de sus habitantes.

Este tipo de expansión urbana también ha tenido importantes consecuencias ambientales: consumo acelerado de suelo agrícola y forestal, incremento de emisiones contaminantes, estrés hídrico y una mayor exposición a riesgos naturales. A nivel social, ha contribuido a la fragmentación territorial, segregación socioespacial y periferias marginadas y desconectadas. A pesar de sus consecuencias nefastas, se continua reproduciendo esta forma de urbanización.

La financiarización: la vivienda convertida en activo

Paralelamente al crecimiento expansivo, desde los años 80 y 90 del siglo pasado, la vivienda ha sido objeto de un proceso creciente de financiarización, en el marco de políticas de liberalización y desregulación económica. Bajo esta lógica, la vivienda lejos de ser considerada un derecho social o un bien de uso, se convierte en un activo financiero altamente rentable.

Fondos de inversión, bancos, aseguradoras y corporaciones globales han transformado el mercado inmobiliario en una plataforma para la especulación financiera. La liberalización de los créditos hipotecarios, la creación de instrumentos financieros complejos (como los mortgage-backed securities) y el ingreso de grandes inversores institucionales en la compra masiva de viviendas, han distorsionado los precios del suelo y de la vivienda, desvinculándolos de los ingresos de las familias.

Este fenómeno ha sido especialmente visible en las grandes ciudades donde los precios de la vivienda se han disparado al ritmo de los flujos de capital especulativo, reduciendo drásticamente la oferta de vivienda asequible. La financiarización también ha impactado los mercados de alquiler, donde grandes propietarios corporativos concentran miles de unidades y ejercen un poder creciente sobre los precios y las condiciones de acceso.

Incluso en países donde existe una tradición de políticas públicas de vivienda, como Alemania, Países Bajos o los países nórdicos, la financiarización ha erosionado los sistemas de vivienda social o protegida, empujando a las clases trabajadoras y medias hacia situaciones de inseguridad habitacional.

El modelo expansivo-financiero ha generado un círculo vicioso que agrava la crisis habitacional global. Por un lado, produce vivienda masiva en periferias que no responde a las necesidades reales de la población; por el otro, convierte la vivienda en un bien especulativo cada vez más inaccesible para quienes buscan un hogar. El resultado es un aumento sostenido de la desigualdad habitacional. La vivienda, lejos de ser un factor de estabilidad y bienestar, se ha transformado en un factor de riesgo y precarización para millones de personas.

La vivienda inaccesible en México

La crisis de la vivienda no es el resultado de una falla técnica o de una oferta insuficiente de unidades habitacionales, sino la consecuencia de un modelo económico, político y urbano que ha privilegiado la lógica del crecimiento desmedido y la especulación financiera. La vivienda inaccesible es el síntoma más visible de este fracaso, que ha precarizado la vida de millones de personas en todo el mundo.

El modelo de vivienda en México entró al siglo XXI arrastrando las tendencia a nivel global: privatización de la banca hipotecaria, reducción del papel directo del Estado en la construcción de vivienda y fuerte participación del sector privado. Se impulsaron programas masivos de producción de vivienda de interés social, particularmente a través de instituciones como el INFONAVIT y FOVISSSTE, pero en un esquema de desarrolladores privados y crédito hipotecario masivo. Se construyeron millones de viviendas (sobre todo entre 2000 y 2012), pero sin adecuada planeación, infraestructura y servicios.

Hacia mediados de la década de 2010 se hizo evidente el caos de las políticas de vivienda reflejado en los altos niveles de abandono de vivienda, la insatisfacción social por la mala calidad habitacional y los problemas de movilidad. Además, se evidenció la incapacidad de los desarrolladores para sostener su modelo de negocios; varios se declararon en quiebra, mientras hubo un endeudamiento de las familias.

Aunque ha habido algunos ajustes recientes hacia un enfoque más social, la factibilidad de la nueva política de vivienda ha estado sujeta a cuestionamientos.

Hacia un enfoque efectivo de derecho a la vivienda

Frente al fracaso del modelo expansivo y financiero, múltiples voces desde la academia, los movimientos sociales y algunos gobiernos proponen la necesidad de un giro estructural en las políticas de vivienda y ordenamiento territorial. Algunos principios fundamentales de este nuevo paradigma serían: desmercantilizar la vivienda; fortalecer la vivienda pública y social;

regular adecuadamente los mercados de venta y alquiler; rehabilitar diferentes zonas urbanas; e integrar a las comunidades en la planificación y gestión de sus propios entornos urbanos, promoviendo modelos de gobernanza urbana más democráticos y sensibles a las necesidades locales.

Cumplir con el derecho a la vivienda adecuada requiere más que ajustes marginales: demanda un cambio profundo en la manera en que concebimos, producimos y gestionamos la vivienda y el espacio urbano. Un verdadero derecho a la vivienda solo será posible si se anteponen los intereses sociales y colectivos a la lógica del capital inmobiliario globalizado. Este es uno de los principales desafíos urbanos y sociales de nuestro tiempo.